El Colegio de Abogados de la República Dominicana ( CARD) rechazó de manera categórica las acusaciones y señalamientos de organismos internacionales contra supuestas violaciones de los derechos humanos de los haitianos que residen en territorio dominicano.
Trajano Potentini, presidente del CARD, aclaró que se trata de un tema propio de la política interna/exterior de la República Dominicana y más aún de la política migratoria, algo que es facultativo y propio del Estado dominicano.
«Como Colegio de Abogados estamos rechazando y estamos suscribiendo y apoyando al gobierno dominicano en la labor que tiene que llevar a cabo desde la Dirección General de Migración y cualquier otro estamento que tienda a defender, a proteger la soberanía nacional», manifestó Potentini.
El gremialista señaló que dichas acusaciones, que calificó de infundadas, «lo que buscan es vendernos, desacreditarnos, apalastrarnos, de cara a la comunidad internacional, para arrodillarnos ante propósitos inconfesables que se han advertido y verificado a todo lo largo de los crisis haitiana».
El jurista señaló que la República Dominicana ha sido el país más solidario con Haití y que la comunidad internacional solo se ha quedado en retóricas, propuestas y ofrecimientos que nunca llegan a concretarse.
Potentini llamó y propuso a la comunidad internacional a venir en auxilio, en ayuda y que habilite las funciones del Consejo de Administración Fiduciaria, que era quien tenía la potestad de tomar un país, un Estado fallido como Haití y protegerlo, llevarlo hasta la madurez, darle certidumbre institucional y dejarlo en una democracia firme.
El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), representado por Trajano Potentini, depositó este miércoles una intimación y puesta en mora tendente a un recurso de amparo al Ministerio de Educación (Minerd) para que disponga, dentro de las políticas educativas, la enseñanza de la Constitución y otras leyes en los centros educativos y se les permita participar a los abogados capacitados en los concursos para impartir estas clases.
Con esta intimación, el gremio de los profesionales del Derecho busca que el Minerd responda a esta solicitud en un plazo no mayor a 15 días laborables, de lo contrario, estarían sometiendo el recurso de amparo.
Según explicó Potentini, la enseñanza de la Constitución, la ley de tránsito, de medio ambiente y educación vial está contemplada en la Carta Magna, por lo que debería ser parte del currículo educativo a nivel nacional, no solo en el nivel preuniversitario.
Asimismo, resaltó que quienes deberían ser tomados en cuenta para impartir docencia en esa materia son los abogados capacitados en formación docente.
"Hay que hacer esto ya una realidad, debe darnos vergüenza, al Tribunal Constitucional, a los Ministerios de Educación, tanto el de Educación Superior como este mismo (Minerd), a las universidades, a los centros privados, el que esto no se haya concretado", sentenció.
También señaló que fueron recibidos por el consultor jurídico del Ministerio y que hicieron entrega del documento para dar respuesta al mismo.
Tras el depósito del documento, Potentini se reunió con un grupo de abogados que estaban en la puerta del Minerd a la espera de respuesta y posteriormente dio el mensaje a miembros de la prensa.
Abogados denuncian desvió de 2,040 millones de bonos navideños para compra de cédulas en beneficio de reelección presidencial
Solicitan a la JCE ordenar la suspensión de los bonos navideños y de las inauguraciones.
Santo Domingo, República Dominicana.- Un grupo de juristas, miembros del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), denunció ante la Junta Central Electoral (JCE) el desvió de 2,040 millones de bonos navideños ( ayuda destinada para personas de escasos recursos en Navidad) para comprar cédulas a favor de la reelección presidencial.
Miguel Surun Hernández, saliente presidente del CARD, aseguró que el Gobierno sólo entregó en la referida época bonos por 460 millones de pesos reservando 2,040 millones para las elecciones de febrero y mayo, extendiendo su vigencia hasta el mes de junio, todo en violación a la Ley Orgánica del Presupuesto, y de la propia Ley del Régimen Electoral.
“El artículo 210 de la Ley 20-23 del Régimen Electoral prohíbe expresamente el uso y abuso de los programas sociales para fines políticos, lo cual evidentemente constituye una vulneración al principio de equidad y transparencia que deben normar los procesos políticos, al establecerse un mercado persa con bonos navideños donde el voto y la cédula se entregan a cambio del citado bono, el cual por venir al portador, es un instrumento de cooptación y manipulación”, manifestó Surun Hernández al hablar en representación de los abogados.
El profesional del Derecho indicó que la Junta Central Electoral al tenor del artículo 212 de la Constitución, se encuentra en la obligación de tomar medidas cautelares para garantizar la equidad en los procesos, maxime cuando se trata de todo un plan para forzar la abstención financiera a la oposición, usando los bonos.
“Se trata de un plan de compra de votos y cédulas realizado desde la Presidencia, a través de gobernadores provinciales, presidentes provinciales, municipales y de bloques, lo cual constituye la destrucción de la democracia”, aseguró.
El jurista dijo que esperan que el organismo de elecciones actúe en consecuencia, pues de lo contrario estaría institucionalizando la compra del voto, en detrimento de miles de dominicanos de escasos recursos.
El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), pidió la inmediata demolición de la Penitenciaría Nacional de La Victoria, por considerarla como un monumento a la indignidad humana, un símbolo de la permanente violación de los derechos humanos de quienes guardan prisión en ella.
El presidente del gremio que agrupa los abogados de la República, Trajano Potentini, deploró las condiciones en que viven los internos del denominado viejo modelo penitenciario. En ese sentido, solicitó al Gobierno indemnizar a los familiares de los 13 reos fallecidos durante el incendio del pasado lunes en dicho centro.
Potentini, expresó que, es una vergüenza que aún persista el viejo modelo carcelario, constituyéndose estos recintos en verdaderos antros de corrupción, universidades del crimen y centros de operación al servicio de la criminalidad organizada.
Para el presidente del CARD, la victoria retrata la quiebra del Estado Social y Democrático de Derecho, inobservando el más básico, elemental e instrumental de los derechos fundamentales, nos referimos a la dignidad humana, protegido por la constitución, incluso también con categoría de principio y valor constitucional.
El Colegio de Abogados entiende que ya es tiempo de desterrar esa cultura de descuido y desatención, de quienes guardan prisión, proponiendo en concreto, hacer acopio de la experiencia y exitoso funcionamiento del nuevo modelo penitenciario, en consecuencia, disponiendo de los recursos y personal necesario para unificar bajo el nuevo modelo penitenciario todo el sistema.
La solución planteada se traduce en más presupuesto, con la voluntad política del gobierno, asumiendo los costos, terminando la cárcel de las parras, además de intervenir y adecuar de emergencia los centros carcelarios del antiguo modelo penitenciario.
El presidente de los abogados lamentó el siniestro que cobró la vida de unos 13 internos y peor aún, con apenas menos de una semana ya se registra otro incendio, ratificando las pobres condiciones del recinto carcelario.
Finalmente, el gremio de los abogados insta al gobierno a indemnizar a los familiares de los 13 internos que perecieron en el incendio, ciertamente la negligencia del gobierno al mantener estos centros carcelarios abiertos, sin las condiciones mínimas para albergar seres humanos, lo que sin lugar a duda se traduce en una falta, que compromete la responsabilidad civil y patrimonial del Estado Dominicano y sus funcionarios.
El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Trajano Potentini, deploró el vejamen, maltrato y desconsideración, a que fue sometido el togado y abogado en ejercicio, Richard Ferreiras Segura, de la provincia Bahoruco, por parte de agentes policiales que violentamente lo agredieron y empujaron, además de vociferar múltiplex improperios.
Potentini, fue enfático, al anunciar que en su gestión no se tolerará irrespeto alguno en contra de la clase jurídica, y mucho menos al impedir que un abogado ejerza su labor, de defensa a una persona privada de libertad, en un claro abuso de poder pues el acceso y comunicación entre Abogado cliente es parte fundamental del debido proceso de ley, piedra fundamental del bloque de garantías constitucionales.
El presidente del gremio que agrupa los abogados, comisionó a directivos del CARD para asistir y dar seguimiento frente a la policía y en particular a los agresores, con el objetivo de querellarnos en contra de todos los implicados, la referida comisión estará integrada por Julio Cesar Terrero, Lucia Florentino, Wagner Piñeyro, Juan Pérez Roa y Cesáreo González.
Potentini, calificó de insólito, el tratamiento dado por la policía a un profesional que solo está abogando por el respeto a los derechos fundamentales de un ciudadano privado de libertad, algo muy grave que amerita una sanción ejemplarizadora
Asimismo, pidió a la Procuraduría General de la República y a la policía nacional el impedir y detener los atropellos de que vienen comúnmente siendo objeto los abogados en los cuarteles y otras dependencias judiciales, exigiendo además el iniciar una exhaustiva investigación referente al reiterado maltrato de qué sufren abogados, donde autoridades se toman las justicia en sus manos e impiden el ejercicio del derecho de defensa.
Finalmente, el presidente de los abogados aclaró que no vamos a detener ante rangos o jerarquía de autoridades, este caso lo llevaremos hasta las últimas consecuencias, rechazando cualquier manejo y tratamiento de paño tibios, exigiremos consecuencias, tras sentenciar que estará atento y vigilante, ante cualquier asomo de irrespeto a los abogados, por parte de cualquier autoridad, y en los casos que se determine, que se trata de otros abogados investidos de cualquier función, maltratando abogados, serán sometidos al tribunal de honor del colegio, para que sean juzgados en el ámbito disciplinario por sus inconductas, incluyendo a los policías del vejamen de que fuera objeto, el abogado Richard Ferreiras, en Neyba, por parte de algunos policías que pudieran también resultar con la calidad de abogados.
Abogados marchan contra Ley 01-24 que crea el DNI
Exigen al presidente de la República convocar legislatura extraordinaria para derogar legislación.
Santo Domingo, República Dominicana.- Un grupo de juristas pertenecientes al Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) junto a varias organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos comunes marchó hasta el Palacio Nacional, partiendo del Parque Independencia, en protesta contra la Ley 01-24, que crea la Dirección Nacional de Investigación (DNI).
Miguel Surun Hernández, saliente presidente del CARD, indicó que dicha pieza autoriza la interceptación extrajudicial de las comunicaciones telefónicas y electrónicas y sanciona a todo aquel que no entregue la información requerida al DNI.
"Nos encontramos ante un grave riesgo para periodistas, abogados, médicos y sacerdotes ,obligados a entregar información al DNI, pues la ley 01-24 constituye un atentado contra el derecho fundamental de libertad de expresión y acceso a fuentes de información, el derecho a la intimidad, el secreto profesional del abogado, del médico, la libertad de empresa y el principio de transparencia del Estado, afectando así el principio de separación de los poderes públicos, en violación de los artículos 4, 7, 8, 44, 49, 50, 51, 69, 70, 74, 169 y 138 de la Constitución dominicana", manifestó.
Surun Hernández advirtió que lo más peligroso de la legislación radica en el artículo 26, que consagra que periodistas, abogados, médicos, bancos, telefónicas y todo ente privado o público que no entregue información será condenado de 2 a 3 años de cárcel.