Santo Domingo, República Dominicana. - El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) sigue sumando miembros a sus matricula, al juramentar 180 nuevos abogados, en un acto realizado en su local principal, ubicado en la avenida Bolívar.
Los nuevos abogados recibieron los certificados que los acredita como miembros del gremio y se suman a los más de 70 mil profesionales del Derecho que conforman la entidad.
Al pronunciar las palabras centrales del acto, Miguel Surun Hernández, presidente del CARD, instó a los profesionales del Derecho a trabajar apegados a la ley, anteponiendo su honor y principios y siempre en favor de los mejores intereses.
Durante el acto se entregó un reconocimiento a la magistrada Cleopatra González, por sus aportes en la formación de lo togados.
En la actividad estuvieron presentes miembros de la directiva del gremio, entre ellos Lucía Florentino, secretaria de Organización; Julio Ángel Ledesma, secretario de Equidad, entre otros.
El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) solicitó a la Procuraduría General de la República una investigación urgente de las graves denuncias de irregularidades durante el proceso marcado con el No. PASAPORTES-CCC-PEEX-2023-0001, para la adquisición de un millón cincuenta mil libretas de pasaportes realizado por la Dirección General de Pasaportes.
Migue Surun Hernández, presidente del Card, explicó que partes involucradas expresaron que en dicho proceso se registró una manipulación dolosa por parte del Departamento de Compras de la Dirección de Pasaportes para lograr la exclusión de determinados oferentes de calidad, imponiendo la selección de TRANSNEG, SRL y MIDAS DOMINICANA, S.A., que ofertaron las libretas RD$261 pesos por encima del precio regular y que la propia institución había pagado a una de las oferentes en diciembre del 2022, según se hace constar en contrato suscrito con MIDAS DOMINICANA, S.A., lo que implica una posible sobrevaluación por más de 270 millones en perjuicio del Estado.
El presidente del Card expresó que simular un precio irreal para distraer fondos públicos es un hecho grave y cuestionable, ya que no existe forma posible de justificar el desproporcional aumento de precios en tan sólo tres meses, sobre todo si se trata del mismo suplidor.
"Estamos en presencia de hechos que comprometen no sólo el erario público, sino que además es un vil atentado contra la identidad nacional, afectada por un documento de pésima calidad, sin garantías alguna de fiabilidad, seguridad y certeza que por ser vulnerable a alteraciones podría servir para el tráfico de personas y terrorismo, situación denunciada por el gobierno de Francia y por Nara, S.R.L., representante local de HID Global, de Estados Unidos, qué objetaron la licitación", expresó el gremialista.
Solicitó a la Procuraduría General de la República investigar a todos los funcionarios de la Dirección General de Pasaportes involucrados en el proceso que calificó como fraudulento y a los ejecutivos de las empresas beneficiarias, ya que se está ante la posible comisión de una estafa agravada, sobrevaluación, coalición de funcionarios y prevaricación en perjuicio del Estado Dominicano.
Además, el presidente del Colegio de Abogados exigió la investigación de las empresas TRANSNEG, SRL y MIDAS DOMINICANA, S.A., muy especialmente respecto a su relación con la empresa GB Group, propiedad del empresario haitiano Gilbert Bigio, socio de Pablo Portes, asesor empresarial del Poder Ejecutivo.
Midas Dominicana
El gremialista calificó como sospechoso que la empresa MIDAS DOMINICANA, S.A., beneficiaria de este proceso tenga graves cuestionamientos por parte de la Cámara de Cuentas por tener contratos para la plataforma tecnológica en Cancillería, así como para el proyecto consular, cuyo monto fue cobrado, pero no ejecutado en cuanto a la instauración de dicha plataforma.
Colegio de Abogados considera injusta la imposición de dos millones de pesos como garantía economía
El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, ordenó este lunes la puesta en libertad de Ruddy Santos Ramírez, a requerimiento y seguimiento del Colegio de Abogados, tras este estar preso durante casi tres años por una supuesta agresión a una inquilina.
Miguel Surum Hernández, presidente del Colegio de Abogados y quien asumió la defensa del acusado, saludó la puesta en libertad de Santos Ramírez, sin embargo, consideró injusta la imposición de dos millones de pesos como garantía económica.
Surun Hernández, quien el pasado miércoles sometió un habeas corpus en favor de Ruddy Santos Ramírez, reiteró que tanto el acusado como su familia son de bajos recursos económicos lo que les dificulta el pago de la garantía económica impuesta por el tribunal.
Se recuerda que Rudy Roberto Santos Ramírez, se hizo viral a través de en un video rogando por su libertad, denunciando públicamente la ilegalidad de prisión, por falsa acusación de violencia contra la inquilina que quería evitar su desalojo de un inmueble propiedad de dicho ciudadano.
De acuerdo a Surum Hernández, Santos Ramírez ha sido mantenido ilegalmente en la cárcel por casi 3 años, más del duplo permitido por el artículo 241 del Código Procesal Penal, que consagra cese de la prisión preventiva a los doce meses de imposición
265 profesionales del derecho, miembros de este Colegio de Abogados, recibieron sus certificados tras capacitarse durante 8 semanas en dos diferentes diplomados impartidos con el objetivo de reforzar y actualizar los conocimientos de nuestros gremialistas.
En el diplomado “Derecho Laboral y Procesal laboral” impartido durante 7 domingos consecutivos por la magistrada Cleopatra González, se graduaron 200 abogados que fueron instruidos sobre las normas y marcos jurídicos que regulan y amparan esta rama del derecho.
Asimismo, otro grupo de 65 abogados recibió sus certificaciones que le acreditan como participantes del diplomado “Derecho Procesal Penal” impartido de manera virtual durante 8 semanas por la experta Santa Reyes.
La entrega de certificados de estos diplomados fue encabezada por Lucía Florentino, secretaria de organización del Card y coordinadora académica.
Florentino exhortó a los graduandos a continuar preparándose para enfrentar los desafíos que se presentan en las distintas ramas de la profesión, la cual dijo debe ejercerse con dignidad y ética.
Justicia no puede funcionar con jueces y fiscales ganando salarios de miseria
El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), realizó una multitudinaria marcha, por los 19 años de violación a la independencia de la justicia, que obliga al Poder Judicial y a la Procuraduría General de la República a mendigar al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional la entrega de recursos necesarios para mejorar las condiciones de jueces y fiscales, a pesar de que sus partidas, equivalentes al 4.10 por ciento del Presupuesto Nacional para el sector justicia en el 2022, están contempladas en la Ley 194-04, de Independencia y Autonomía Presupuestaria.
Miguel Surun Hernández, presidente del CARD, afirmó que el Poder Ejecutivo coacciona y obliga al Poder Judicial y a la Procuraduría General de la República a presentar proyectos de presupuestos muy por debajo de los porcentajes dispuestos por la Ley 194-04, no solo plasmando el nivel de sumisión y dependencia de la justicia, sino generando las falencias y deficiencias en la administración de justicia, que es la principal causa de que existan 18 mil presos preventivos en condiciones infrahumanas, con procesos que se eternizan por falta de fiscales, jueces y personal que no son contratados, por falta de recursos.
“Las limitaciones de recursos han imposibilitado la puesta en funcionamiento de más de 400 tribunales aprobados por leyes especiales, que gran parte de los actuales laboren en condiciones deplorables, que los titulares y otros servidores del Ministerio Público reciban salarios pírricos y carezcan de condiciones para perseguir el crimen", dijo el jurista.
Surun Hernández manifestó que la carencia de recursos también ha estancado la contratación de mil 200 nuevos fiscales y la apertura de 400 fiscalías que estaban en proyecto, situación que mantiene asfixiado económicamente al sector judicial.
El gremialista dijo que en la República Dominicana no se puede hablar de independencia de la justicia, mientras los poderes públicos, el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo mantengan en estado de estrangulamiento al sistema judicial y se continúe incumpliendo la Ley 194-04 de Autonomía Presupuestaria.
Asimismo, valoró el inicio del acatamiento por parte del Poder Judicial, de la sentencia TC/0286/21, que establece que la presencia física de las partes en la audiencia, es un mecanismo que procura salvaguardar los principios de inmediación, concentración y contradicción de los usuarios, derechos contemplados en la Carta Magna.
El jurista agregó que el Colegio de Abogados continuará la lucha en favor de la independencia presupuestaria del Poder Judicial y en contra del desacato de la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró las audiencias virtuales como inconstitucionales y violatorias al debido proceso y a la tutela judicial.
Ley 194-04 de Autonomía Presupuestaria
El artículo 3 de la Ley 194-04 de Autonomía Presupuestaria establece que el Presupuesto del Poder Judicial y del Ministerio Público (Procuraduría General de la República), será por lo menos de unos cuatro puntos diez por ciento (4.10%) de los ingresos internos, incluyendo los ingresos adicionales y los recargos establecidos en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos.
Presidente del CARD insiste en la necesidad de trabajar con ética y transparencia
A partir de este viernes otros 253 profesionales del derecho pasaron a ser parte del Colegio de Abogados, y es que en un acto encabezado por su presidente Miguel Surun Hernández fueron juramentados cómo miembros.
Durante la toma de juramento, Surun Hernández les instó a poner en alto su profesión, siempre en defensa de las mejores causas y trabajando con apego a la honestidad, integridad y ética.
En el mismo acto se desarrolló el curso taller Ética Profesional y Motivación a cargo de Lucia Florentino secretaria de organización del gremio.
Los nuevos miembros, también recibieron certificados que los acreditan formalmente como integrantes de este gremio.
Además del presidente del CARD Miguel Surun Hernández, también asistieron miembros del Consejo Directivo.