Colegio de abogados interpone querella contra Hacienda y la DGII por concertar préstamos por 45 mil millones de pesos, que no figuran en Deuda Pública y no fueron aprobados por el Congreso Nacional
Se acusa a José Manuel Vicente (Jochi), ministro de Haceinda y a Luis Valdez Veras, director general de Impuestos Internos, de usurpar funciones del Presidente y del Congreso Nacional
Santo Domingo, República Dominicana. - El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Miguel Surun Hernández, interpuso una querella contra José Manuel Vicente y Luis Valdez Veras, ministro de Hacienda y director general de Impuestos Internos, respectivamente, por la suscripción de dos contratos de préstamos otorgados por bancos a la DGII, ascendentes a RD$45 mil millones de pesos, los cuales no figuran registrados en Deuda Pública, y tampaco fueron aprobados del Congreso Nacional, a pesar de enagenar Rentas Nacionales, y de haber sido concertados por plazos de 15 y 4 años, usurpando las atribuciones del Presidente de la República, único con la facultad de suscribir empréstitos que comprometan rentas nacionales.
Surun Hernández indicó que “Nos encontramos en presencia de hechos graves, donde funcionarios públicos presionaron a 29 bancos comerciales a entregar dicha suma en diciembre del 2020 y en julio del 2023, distribuida en porciones para cada entidad financiera, fijada de manera discrecional por el Ministro de Hacienda, en una operación de préstamo clandestina, pues no fue registrada en la Dirección de Crédito Público como consagra la ley, lo cual evidentemente compromete la responsabilidad de todos los funcionarios actuantes".
Surun Hernández indicó que las leyes orgánicas del Ministerio de Hacienda y de la Dirección General de Impuestos Internos no consagran facultad a José Manuel Vicente, ni a Luis Valdez Veras, para realizar contratos de préstamos, destinándole esta función sólo al Presidente de la República, por lo que ha sido violado el artículo 93.1 de la Constitución.
Asimismo indicó que otro artículo violentado es el 128.4 de la Carta Magna que textualmente dice: “Elaborar contratos, sometiéndolos a la aprobación del Congreso Nacional cuando contengan disposiciones relativas a la afectación de las rentas nacionales, a la enajenación de bienes del Estado, al levantamiento de empréstitos o cuando estipulen exenciones de impuestos en general, de acuerdo con la Constitución. El monto máximo para que dichos contratos y exenciones puedan ser suscritos por el Presidente de la República sin aprobación congresual, será de doscientos salarios mínimos del sector público.”
El presidente del Card explicó que dicho contrato no sólo constituye una operación de préstamo, sino que compromete las rentas nacionales durante los próximos 15 años.
“Estamos en presencia no solo de operaciones de crédito clandestinas, al margen de los registros de los organismos internacionales, sino además de una clara usurpación de funciones, que se configura cuando una persona o funcionario público realiza funciones que corresponden a otro funcionario u otro poder, para hacerse entregar fondos por parte de entidades financieras, atribuyéndose poderes que ni la ley, ni la Constitución les han otorgado, poniendo en grave riesgo la estabilidad del sistema financiero nacional, y el Estado de Derecho, ante una operación de presión practicada desde el Estado para que se le entreguen recursos fraudulentamente, sin el control del Congreso, ni registro en los organismos correspondientes, en violación al artículo 400 del Código Penal, y del artículo 236 de la Constitución",explicó Surun Hernández.
El presidente del Card explicó que artículo 236 de la Carta Magna establece que: ”Ninguna erogación de fondos públicos será válida, si no estuviere autorizada por la ley y ordenada por funcionario competente".
Mientras que el 400 del Código Penal indica que: "Obligar a una persona, a través de la utilización de violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto jurídico o negocio jurídico con ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial o bien del sujeto pasivo y bien normalizado".
Miguel Surun Hernández, presidente del CARD, mediante instancia, solicitó a la Procuraduría General de la República gestionar copia de los expedientes relativos a dichas transacciones y anunció el inicio de acciones legales tendentes a la declaratoria de nulidad por fraude de esas operaciones.
Dichas pensiones, otorgadas en violación a la ley 379-81, representan erogación anual de casi tres millones de pesos
Santo Domingo-RD. - El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) exigió a la Procuraduría General de la República (PGR) abrir una investigación penal contra el ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza; Antoliano Peralta, consultor Jurídico del Poder Ejecutivo y contra Juan Rosa, director General de Jubilaciones y Pensiones, así como otros funcionarios, por alegadamente incumplir las normas al momento de otorgar una pensión.
Miguel Surun Hernández, presidente del CARD, calificó como dolosa la asignación de miles de pensiones estatales, que se asignan sin cumplir con los procedimientos establecidos en la Ley No. 379, sobre pensiones y jubilaciones en el país, con el expreso propósito de favorecer a relacionados y activistas políticos, en perfecta salud y en edad productiva,
Surun Hernández indicó que se trata de hechos que constituyen en crimen de prevaricación, abuso de poder y coalición de funcionarios, sancionados por los artículos 114, 123, 126 y 127 del Código Penal.
"Se trata de un hecho grave, mediante el cual funcionarios inescrupulosos desvirtúan el mecanismo de pensiones estatales consagrado en la Ley 379-81, para beneficiar a allegados y activista políticos, alcanzado desde septiembre del 2020, a la fecha más de 110 mil y en muchos casos beneficiando a persona que nunca ha laborado para el sector público, y a personas muy por debajo de 60 años de edad, y en plena salud, con montos que en muchos casos rondan los 100 mil pesos mensuales. Mientras servidores públicos que dedicaron su vida al Estado Dominicano, languidecen con pensiones de 10 mil pesos mensuales.
El gremialista recordó que si bien es cierto que el articulo tres de dicha ley permite el otorgamiento de pensiones a personas “civiles” que no han laborado para el Estado, bajo la condición de que padezcan de incapacidad laboral por enfermedad severas y vejez” y nunca en favor de activistas políticos jóvenes y aptos para trabajar.
"Lo peor es que se intenta encubrir las pensiones fraudulentamente otorgadas, beneficiando a unos cuantos ciudadanos que sÍ cumplen con los requisitos establecidos en la iniciativa, irregularidades que han atrofiado dicho fondo a un monto colosal anual de RD$2,769,000,000.00, sacados dolosamente de los bolsillos de los contribuyentes, a favor de activista políticos.
Surun Hernández, mediante instancia, pidió a la Procuraduría de la República gestionar copia de los expedientes de todos y cada uno de los beneficiarios de las pensiones otorgadas en virtud de los decretos ya descritos, a los fines de confirmar que la gran mayoría de beneficiarios no cumplen con los requisitos previstos en la Ley 379-81 y que fueron representantes.
El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) juramentó 224 nuevos miembros, en una ceremonia encabezada por su presidente, Miguel Surun Hernández.
Previo a tomarles el juramento, Surun Hernández exhortó a los nuevos juristas formar parte de la revolución que experimenta esa entidad colocándose al servicio de sus miembros y luchando por sus reivindicaciones.
El gremialista, además, llamó a los nuevos togados a actuar con transparencia, dignidad, apego y respeto a las leyes, tratando siempre de mantener la ética profesional en el ejercicio de sus funciones.
En el mismo acto se desarrolló un curso taller de Ética Profesional y Motivación, a cargo de la magistrada Cleopatra González y además, cada juramentado recibió un certificado que le acredita como miembro del CARD.
El presidente del CARD, se hizo acompañar en la mesa directiva de Lucía Florentino, secretaria de Organización del gremio; Diego Babado Torres, secretario de Asuntos Sociales; Julio Ángel Ledesma, secretario de Equidad, así como la magistrada Ana Jiménez, jueza de la Corte de Apelación de la provincia Monte Cristi, entre otros.
Colegio de Abogados interpone denuncia penal por desvío de más de tres mil millones de pesos de las pensiones de los trabajadores en compra de acciones de César Iglesias, S.A
Se acusa a superintendente de pensiones de autorizar inversión de alto riesgo en empresa que reportó pérdidas por RD$575 millones.
Santo Domingo, República Dominicana.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) interpuso formal denuncia en contra del superintendente de Pensiones, Francisco A. Torres, por su participación en la aprobación y ejecución de la compra de más 27 mil acciones de la empresa César Iglesias, S.A., con los fondos de pensiones de los trabajadores, por un monto de 3 mil 492 millones de pesos, a pesar de que dicha empresa reportó perdidas por más de 500 millones pesos en 2022.
Miguel Surun Hernández, presidente del CARD, denunció que los estados auditados a diciembre del 2022, realizados por la Calificadora de Riesgo FITCH, dicen que dicha empresa reportó pérdidas por 575 millones 41 mil pesos y con pronóstico negativo de mayo del presente año.
Surun Hernández indicó que se trata de un operación prohibida por la Ley 87-01, del Sistema de la Seguridad Social y sus reglamentos, por ser de alto riesgo y los involucrados pudieron haber incurrido en los crímenes de abuso de confianza agravada, asociación de malhechores, fraude bursátil y coalición de funcionarios, infracciones sancionadas por los artículos 114, 123, 126, 127, 185, 400 y 405 del Código Penal, y del artículo 351 de la Ley 249-17 de Mercado de Valores de la Republica Dominicana, por lo que solicitó a la Procuraduría General de la República investigar el caso.
"Por su naturaleza, sobre todo el pésimo estado financiero de la empresa César Iglesias, esta operación coloca en grave riesgo parte importante del fondo de las pensiones de más de tres millones de trabajadores afiliados al Sistema de Capitalización Individual, por una inversión con muy pocas perspectivas de retorno, y fuertes probabilidades de pérdidas, que solo las Administradoras de Fondos de Pensiones se atrevieron a realizar con dinero ajeno, el dinero de ahorro de los trabajadores", manifestó Surun Hernández.
El gremialista indicó que "infructuosamente" la compañía colocó en venta dicha acciones en junio y diciembre del 2020, sin que se lograra dicha venta.
"Lo grave del caso es que contrario a lo que se ha externado, las más de 27 mil acciones adquiridas irregularmente por las Administradoras de Fondos de Pensiones Reservas, Crecer y Siembra, representan menos del 25% del capital social de César Iglesias, S.A., quedando sus actuales propietarios con el 70% y con el poder de administración de dicha empresa, lo que torna aún más difícil la recepción de beneficios, no solo porque se trata de una empresa cuyos números al 2022 reflejan pérdidas astronómicas, sino que en el lejano e hipotético caso que hayan beneficios, su distribución o no, dependerán de los accionistas mayoritarios, que han sido poco proclives a entregar beneficios a accionistas minoritarios", agregó.
El presidente del gremio de los abogados calificó como negativo y cuestionable el uso de los recursos de las pensiones, sin realizar una consulta popular a los dueños de ese dinero que son los trabajadores y generando una compra casi inmediata en tan sólo 10 días del 70 por ciento de las acciones emitidas por César Iglesias, una empresa con múltiples deudas a corto y largo plazo, por lo que solicitó una investigación de los funcionarios y empresarios involucrados en esta transacción.
El Card requiere que sean investigados no sólo el superindendente de Pensiones, sino además la posible participación de ejecutivos y relacionados las AFP y de César Iglesias, S.A., por esta compra de acciones, muy especialmente en lo relativo a los dudosos estados financieros presentados durante dicha operación, correspondientes al primer semestre de la empresa, los cuales aseguran, difieren de la realidad planteada en los estados auditados a diciembre del 2022.
Se premiaron tres categorías con 40 mil pesos
Santo Domingo.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) realizó con éxito el “Maratón por la Salud de Papá”, en el que unos 98 participantes recorrieron 5 kilómetros, por la salud del proveedor del hogar.
Miguel Surun Hernández, presidente del CARD, indicó que este tipo de actividades no sólo contribuye a mantenerse en forma y en salud, sino también a alejarse de los vicios.
En el evento fueron premiadas con 40 mil pesos tres categorías: General, 40+ y Discapacidad Físico-Motora, que a su vez fue subdividida de acuerdo al padecimiento del participante, todas en los renglones femeninos y masculino.
La carrera tuvo como punto de partida y meta la estación de Bomberos del Distrito Nacional, recorriendo la calle Emilio Prud Home, la avenida Mella y la Duarte, en el sector San Carlos.
Reitera otorgamiento de emisión de pasaportes a favor del empresario haitiano, Gilbert Bigio, sería fatal para la Soberanía Nacional
Santo Domingo, República Dominicana. - El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) solicitó al Tribunal Superior Administrativo (TSA) la nulidad absoluta del decreto 282-23, mediante el cual el presidente Luís Abinader dispuso de las herramientas legales necesarias para autorizar a la Dirección General de Pasaportes el uso de mecanismos ágiles y abreviados para la emisión del documento de viaje de lectura electrónica.
Miguel Surun Hernández, presidente del CARD, aseguró que la ordenanza presidencial viola las disposiciones del artículo 6 de la Ley 340-06, y del numeral 1 del artículo 3 del reglamento de aplicación de dicha ley, pues la contratación debe seguir el procedimiento de licitación internacional consagrado en la citada norma.
"Se trata de una clara maniobra fraudulenta con el ánimo de beneficiar a empresas relacionadas a funcionarios palaciegos, mediante una contratación al margen de la ley 340-06, usando el sofisma de la reserva de información al público, para ocultar dicho proceso a la ciudadanía, en franca violación a los más elementales principios de transparencia, sobre todo porque sin bien es cierto que las medidas seguridad del pasaporte son confidenciales, no así los procedimientos de contratación del que suministre la libreta electrónica", dijo Surun Hernández.
El gremialista explicó que lo preocupante es que tan solo el pasado mes febrero, el presente gobierno aprobó la privatización de la emisión de pasaportes electrónicos, mediante la resolución 04-2023, de la Dirección General de Alianzas Públicas y Privadas, lo que contrasta con la citada maniobra de declaratoria de seguridad Nacional, sobre todo a la luz de informaciones de que se persigue asígnale la emisión de dichos pasaportes a la sociedad GB Group, propiedad de Gilbert Bigio, sancionado por el Gobierno de Canada por sus vínculos con bandas Haitianas dedicadas al narcotráfico, secuestro y lavado de activos, lo cual sería trágico para la Soberanía Nacional.
Advirtió que lo que surja de dicho decreto, y el proceso que se genere como consecuencia del mismo, es nulo de pleno derecho por haber sido realizado sin cumplir las disposiciones de la Ley 340-06, porque la contratación en ningún caso es materia de secreto de Estado, sino de un proceso espurio para beneficiar a relacionados.