Surun Hernández denuncia campaña de desacredito en su contra en retaliación por querella contra GRUPO PUNTACANA
El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Miguel Surun Hernández, Presidente denunció ante la Procuraduría General de la República ublica, la puesta en marcha de una plan de descredito y campaña sucia diseñadas y financiadas por el GRUPO PUNTACANA, FRANK RAINIERY y JOSE IGNACION PALIZA, en retaliación por las acciones legales emprendidas en contra de la CORPORACIÓN AEROPORTUARIA DEL ESTE (AEROPUERTO DE PUNTACANA) y sus principales ejecutivos, por un fraude de evasión fiscal ascendente a 500 millones de dólares en perjuicio del Estado, perpetrado a través de las sociedades Offshore AIRPORTS MANAGEMENT SERVICES, S.A. y AVIAM LTD.
Surun Hernández explicó que ambas compañías al ser declaradas dolosamente “zonas francas especiales”, se encuentran exentas del pago de impuestos, a cuyo favor se transfieren el 45% de los ingresos por tasas y operación de rampa del AEROPUERTO DE PUNTACANA, reduciendo en mas de 65% la tasa imponible para el cálculo de impuesto sobre la renta, logrando evadir hasta la fecha más de quince mil millones de pesos en perjuicio del Estado Dominicano.
El jurista dijo que se trata de un plan macabro y perverso que incluye el pago de supuestos abogados y Ongs., algunos de los cuales condenados a 2 y 3 años por faltas, como es el caso de Gregory Castellanos y Mario Fulcar, quienes semanalmente o quincenalmente, aparezcan supuestas “ruedas de prensa” interponiendo denuncias sin pruebas, ni fundamentos, pero que son ampliamente difundidas por gestiones de José Luis Ignacio Paliza y por el empresario Frank Rainier que han destinado más de 400 mil dólares, entregando de 10 a 50 mil dólares a cada supuesto querellante; y todas se refieren a los mismos hechos.
Denuncias y respuestas
Miguel Surun Hernández explicó que la primera denuncia en su contra es del uso 119 millones de pesos, supuestamente sacados del CARD, para la compra de 5 solares en Higuey, donde será construido el Aeropuerto Internacional de Bavaro, propiedad del empresario Abraham Hazoury Toral.
"Le explico a la opinión pública y al país que yo como abogado experto en materia penal y comercial constituí la empresa o sociedad de carpeta CVC ONE, INC., la misma fue vendida en 10 mil dólares al empresario Abraham Hazoury en su totalidad, y luego dicho empresario compró los cinco terrenos en Higüey por el monto antes descrito, por lo que esta primera denuncia es falsa",indicó el gremialista.
La segunda denuncia se refiere al supuesto mal manejo de 300 millones de pesos a través de cursos, talleres, diplomados y maestrías impartidos por la Escuela Nacional del Abogado, pero resulta que es dicha entidad a través de su director, que organiza dicha formación, y autoriza los pagos correspondientes, director que no es nombrado por el Presidente del CARD, sino por un Consejo Académico, del que es parte del Ministro de Educación Superior Ciencia y Tecnología, el Poder Judicial y el Decano de la UASD, donde el CARD se encuentra en minoría.
Agregó que la Escuela Nacional del Abogado es una entidad autónoma en virtud del artículo 27 de la Ley 3-19 del Card, cuyo trabajo de formación es visible y se puede verificar con la entrega de más de 300 mil certificados de formación, con la realización de más de 3,000 cursos de habilitación y cientos de maestrías gratuitas en favor de abogados y abogadas del país.
Y la tercera acusación fue sobre un supuesto manejo inadecuado del Tribunal Disciplinario del Card, el cual se maneja de manera independiente, con sus miembros y actúa de manera justa y equitativa en base a las pruebas.
Pulcritud y Fiscalización
El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana destacó que su gestión en el gremio ha sido auditada en siete ocasiones por firmas auditoras privadas de gran renombre y que todas las auditorias reflejaron un manejo correcto y transparente de los recursos del gremio.
Asimismo informó que todos los estados contables de ingresos, egresos y gastos en general están colocados en la página institucional del Colegio de Abogados, con total transparencia, acción que no era frecuente en anteriores administraciones.
Querellantes
Surun Hernández aclaró que los dos querellantes en su contra los juristas Gregory Castellanos y Mario Fulcar fueron sancionados conjuntamente con el Johny de la Rosa, acusados de sobornar a jueces, en un proceso remitido por el Consejo del Poder Judicial, donde se remitió al Tribunal Disciplinario del Card una comprometedora grabación donde se trata la entrega de dinero para jueces, grabación que colocamos anexo a la nota de prensa.
Abierto a investigaciones
El presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surun Hernández, entregó autorización a tres personalidades para que confirmen su patrimonio.
"En el día de hoy procedemos a entregar una acto notarial a tres personalidades, entre las cuales se encuentra el Dr. RICARDO NIEVES, para que investiguen todo patrimonio, cuentas bancarias, inmuebles, acciones, incluyendo a nombre de mis padres, mis hijos, hermanos, amigos, relacionados; Tanto local o internacionalmente, que si encuentran un pincho no declarado, lo cedo a quien lo encuentre o al Estado Dominicano", expresó el abogado.
El presidente del Card agregó "lo que si encontraran son deudas, pues durante mi presidencia, mi patrimonio se ha reducido en más de un 75%, por la falta de tiempo a mi oficina de abogados; es lamentable que delincuentes y corruptos afecten con dinero sucio la imagen de quien si ha entregado todo por las buenas causas, a quien colocó al Colegio de Abogados en el mapa institucional de la República, donde todas las informaciones desde hace años son colocadas en la página ina web, https://colegiodeabogados.org.do/index.php/transparencia/recursos-humanos, b) https://colegiodeabogados.org.do/index.php/transparencia/asistencia-sociales/ayudas-economicas.,c) https://colegiodeabogados.org.do/index.php/transparencia/asistencia-sociales/ayudas-economicas, d) https://colegiodeabogados.org.do/index.php/transparencia/gastos, e) https://colegiodeabogados.org.do/index.php/transparencia/aportes-a-las-seccionales.
Colegio de Abogados denuncia aprestos para manipular proceso de designación de jueces del Tribunal Constitucional mediante modificación de reglamento
Se pretende controlar Tribunal Constitucional para otorgar nacionalidad a haitianos nacidos en RD, legalizar aborto y matrimonio homosexual
Santo Domingo, República Dominicana. - El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), denunció la existencia de un plan macabro tendente a manipular la selección de los Jueces del Tribunal Constitucional, mediante la modificación del reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura, que entre otras cosas aceleraría la escogencia de los integrantes de Altas Cortes, añadiendo una etapa clandestina de exclusión de más del 90% de los aspirantes, en franca violación al artículo 18 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, y a la Constitución.
La denuncia fue hecha por Miguel Surun Hernández, presidente del gremio, quien señaló que la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura y la Constitución dominicana, consagran la obligatoriedad de vista públicas para todos los aspirantes, no para unos cuantos dichoso.
“Con dicha medida se pretende crear un grupo élite de seleccionados, que son los únicos afortunados en ser entrevistados con el propósito de legitimar un determinado perfil de jueces afines a la ideología de género, pro haitiano, y pro empresarial afines con sectores poderosos del gobierno” enfatizó Surun Hernández.
El jurista afirmó que se pretende lograr mediante sentencia del nuevo Tribunal Constitucional la derogación de la Sentencia TC 168/13, para otorgar la nacionalidad dominicana a los hijos de haitianos nacidos en la República Dominicana; además de legalizar el aborto, el matrimonio de personas del mismo sexo y la ideología de género, por decisión del máximo órgano constitucional.
El jurista también reveló que se pretende derogar las jurisprudencias emitidas en favor del derecho a prestaciones labores y pensión de los trabajadores, para favorecer a los empresarios.
“Nos encontramos en presencia de un peligroso atentado institucional contra el más poderoso órgano de justicia de la República Dominicana, que ostenta la facultad de derogar y modificas leyes y hasta la Constitución, que sectores empresariales, políticos, ideológicos e internacionales pretenden coartar mediante la selección clandestina de jueces fanáticos pro haitianos y de las satánicas ideologías de género y el aborto, lo que implicaría la destrucción no solo de la institucionalidad, sino de nuestra nacionalidad”
Surun Hernández indicó que en medio de la crisis de una frontera insegura y militarizada, con un país ahogado en indocumentados haitianos, con los hospitales repletos de parturientas haitianas, y en medio de un proceso electoral, no es razonable, ni prudente, iniciar un proceso ilegal y clandestino de selección de jueces del máximo tribunal del país, por lo que reiteró su oposición a la modificación del reglamento, porque además dicho proceso de selección, debe ser realizado posteriormente a las elecciones del 2024, para que las pasiones políticas, económicas e ideología de genero no afecten y contaminen la legitimidad de dicho proceso.
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Advierte tribunales operan precariamente sin personal, ni recursos suficientes para administrar justicia.
SANTO DOMINGO, República Dominicana. - El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) intimó al Congreso Nacional a rechazar la reducción de los recursos asignados al Poder Judicial, contempladas en el Proyecto de Presupuesto Nacional para el 2024, equivalente a ocho mil millones 623 mil 324 pesos y de nueve mil 648 millones 535 mil 941 pesos para la Procuraduría General de la República, en violación a la Ley 194-04, que consagra el el 4.10% para sector justicia.
Miguel Surun Hernández, presidente del CARD, manifestó que "dicha asignación presupuestaria es un grave atentado a la administración de justicia en la República Dominicana, que se encuentra en crisis por la falta de jueces, de fiscales, de personal administrativo, carencias equipos y material gastable para responder a la demanda de justicia de la ciudadanía.
El presidente del Card denunció que la actual situación ha generado un retardo fatal en las decisiones judiciales plasmada en una alta tasa de mora judicial, procesos penales interminables y más de 17 mil presos preventivos con prisiones vencidas, convirtiendo nuestras cárceles en cementerios de hombres vivos".
Surun Hernández calificó como grave que en la actualidad una simple solicitud de revisión de medida coerción puede tardar de 4 a 6 meses, en procesos que se extienden por años, y que luego de dictada una sentencia penal su motivación puede extenderse hasta por 5 meses por falta de secretaria.
"En la materia civil la situación es aún peor con procesos con más de 20 años en los tribunales, que en su mayoría funcionan en edificios deteriorados, sin espacios, ni condiciones aptas para los abogados, mucho menos para las víctimas y usuarios, todo gracias a que el Poder Ejecutivo se apropia de más de 40 mil millones de pesos que por ley le corresponden al Poder Judicial y a la Procuraduria General de la Republica", señaló el gremialista.
Agregó que “Con esos fondos no se podrán instalar los 94 tribunales que están aprobados por ley y que no han podido ser puestos en funcionamiento por falta de recursos, pero tampoco podrán ser mejoradas las instalaciones actuales, las condiciones laborales de los jueces, fiscales, funcionarios judiciales y abogados; asimismo limitará la mejora del servicio que está recibiendo la ciudadanía en este momento".
El jurista dijo que dicho desvío de recursos se verifica a pesar de los cuantiosos ingresos contemplados en la pieza, que ascienden a un millón de millones 572 mil 896 millones 16 mil seiscientos noventa y tres pesos dominicanos y que contempla préstamos superior a los 344 mil 980 millones de pesos y 1,500 millones de dólares, al tenor del 66 y 68.
Recordó que el artículo 3 de la Ley 194-04, establece que “El Presupuesto del Poder Judicial y del Ministerio Público serán por lo menos un cuatro punto diez por ciento (4.10%) de los ingresos internos, incluyendo los ingresos adicionales y los recargos establecidos en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos que se distribuyen de la manera siguiente: Un sesenta y cinco por ciento (65%) del cuatro punto diez (4.10%) corresponderá a la Suprema Corte de Justicia y un treinta y cinco por ciento (35%) del cuatro punto diez por ciento (4.10%).
Agregó que el proyecto de ley suspende la aplicación de indexación para fines de impuesto sobre la renta.
El gremialista indicó que lo peor es que el Poyecto de Ley de Presupuesto del 2024 modifica leyes orgánicas, como es el Código Tributario que contempla la suspensión de indexación anual para fines de pago de impuesto sobre la renta, con lo cual se afecta de manera considerable a decenas de miles de trabajadores que ganan entre 26 mil y 35 mil pesos y que deberían estar exentos del pago de impuesto sobre la renta.
Abogados protestan frente al Congreso por reducción de recursos de Justicia en Presupuesto 2024
Advierten Tribunales operan precariamente sin personal, ni recursos suficientes para administrar justicia
SANTO DOMINGO, República Dominicana. - Miembros del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) protestaron frente al Congreso Nacional en rechazo de la reducción de los recursos asignados para el Poder Judicial contemplados en el Proyecto de Presupuesto Nacional para el 2024, que ha sido de RD$8,623,324.578 para el Poder Judicial y RD$9,648,535,941 para la Procuraduría General de la República, lo cual es violatorio a la Ley 194-04, que establece la asignación de 4.10% del Presupuesto Nacional para el sector justicia.
La manifestación estuvo encabezada por el presidente del gremio, Miguel Surun Hernández, quien dijo que de mantenerse dicha asignación igual sería un grave atentado a la administración de justicia en la República Dominicana, que se encuentra en una grave crisis por la ausencia de jueces, fiscales y personal suficiente para responder a la demanda de servicios de la ciudadanía, generando un retardo fatal en las decisiones judiciales qué se refleja en una alta tasa de mora judicial, procesos penales interminables.
Surun Hernández recordó que actualmente hay más de 17,000 presos preventivos con sus prisiones vencidas, convirtiendo nuestras cárceles en cementerios de hombres vivos.
Los juristas calificaron como grave y preocupante que en la actualidad una simple solicitud de revisión de medida coerción puede tardar de 4 a 6 meses, en procesos que se extienden por años y que luego de dictada una sentencia penal, su motivación puede extenderse hasta por 5 meses por falta de secretaria.
Denuncian que peor situación se presenta en la materia civil con procesos con más de 20 años en los tribunales, que en su mayoría funcionan en edificios deteriorados, sin espacios, escasez de equipos y de material gastable, ni condiciones aptas para los abogados, muchos menos para las víctimas y usuarios del sistema, todo gracias a que el Poder Ejecutivo se apropia de más de RD$40 mil millones de pesos que por Ley le corresponden al Poder Judicial y a la Procuraduría General de la República.
El gremialista agregó que “Con los fondos asignados actualmente no se podrán instalar los 94 tribunales que están aprobados por ley y que no han podido ser puestos en funcionamiento por falta de recursos, tampoco podrán ser mejoradas las instalaciones actuales, las condiciones laborales de los jueces, fiscales, funcionarios judiciales, abogados; asimismo limitará la mejora del servicio que está recibiendo la ciudadanía en este momento".
El presidente del Card dijo que dicho desvío de recursos se verifica a pesar de los cuantiosos ingresos contemplados en el Presupuesto Nacional que ascienden a RD$1,572,986,016,693, contemplados préstamos por el orden de los RD$344,980.21 millones, y US$1,500 millones de dólares.
Presupuesto para el sector justicia
El presidente del Card recordó que el artículo 3 de la Ley 194-04, establece que “El Presupuesto del Poder Judicial y del Ministerio Público serán por lo menos un 4.10% de los ingresos internos, incluyendo los ingresos adicionales y los recargos establecidos en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos y que deben de ser distribuidos de la siguiente manera: Un 65% del 4.10% corresponderá a la Suprema Corte de Justicia y un 35% a la Procuraduría General de la República.
Presupuesto modifica Código Tributario
Los miembros del CARD también plantearon que el Proyecto de Ley de Presupuesto modifica leyes orgánicas como lo es el Código Tributario que contempla la suspensión de indexación anual para fines de pago de impuesto sobre la renta, con lo cual se afecta de manera considerable a decenas de miles de trabajadores que ganan entre RD$26,000.00 y RD$35,000.00, quienes deberían estar exentos del pago de impuesto sobre la renta, pero por la aplicación del artículo 45 quedará sin efecto el ajuste por inflación previsto en el párrafo I del artículo 296 de la Ley que aprueba el Código Tributario de la República Dominicana núm. 11-92.
CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL ELECTORAL DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA. A CELEBRARSE EL SÁBADO DOS (02) DE DICIEMBRE DEL 2023, PARA ELEGIR LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL Y LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE LA SECCIONALES POR CADA DISTRITO JUDICIAL, PARA EL PERIODO DEL 7 DE ENERO DE 2024 AL 7 DE ENERO DEL 2027.
Colegio de Abogados interpone Acción en Inconstitucionalidad contra Acuerdo que legitimó desvío del Río Masacre suscrito entre RD-Haití en fecha 27 de mayo del 2021
Sugiere llevar al Tribunal Internacional por violación al pacto del 1929 por parte de Haití
Santo Domingo-RD.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra del acuerdo que legitimó el desvío del Río Masacre, por delegaciones de República Dominicana y Haití en fecha 27 de mayo del 2021, en violación a los artículos 9 y 11 de la Constitución y del Protocolo de Revisión del año 1936 del Tratado de Frontera de 1929 y el Tratado de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje de 1929 suscrito con la República de Haití, el cual prohíbe de manera expresa el desvío de cualquier cuenca hidrográfica fronteriza, como pretende el Gobierno de Haití, que se encuentra en la culminación del canal de desvío del Río Masacre o Río Dajabón.
Miguel Surun Hernández, presidente del gremio, indicó que dicho río es una cuenca inalienable del Pueblo Dominicano, con una longitud de 55 kilómetros que nace en la Montaña Pico del Gallo, Loma de Cabrera, Dajabón, luego atraviesa la frontera por 2 kilómetros en territorio haitiano retornando al territorio dominicano y desembocando en la Bahía de Manzanillo, es decir el 83.3% corresponde a la República Dominicana y el 7.7 % a Haití.
El desvío del Río Masacre, tan necesario para cientos de agricultores, contraviene al artículo 11 de la Constitución, que textualmente dice: ”Tratados fronterizos: El uso sostenible y la protección de los ríos fronterizos, el uso de la carretera internacional y la preservación de los bosques fronterizos utilizando puntos geodésicos, se regulan por los principios consagrados en el Protocolo de Revisión del año 1936, en el Tratado de Frontera del 1929 y en el Tratado de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje del 1929 suscrito con la República de Haití”. Pues en dicho acuerdo se privilegió al lado haitiano, denunció el gremialista.
Surun Hernández emplazó al gobierno dominicano a tomar medidas enérgicas contra Haití y deploró que a pesar de haber transcurrido casi tres años del inicio de los trabajos de desvío del Río Masacre, no se han tomado las medidas de sanción y sometimiento al Tribunal Internacional contemplado en el acuerdo fronterizo del 1929, que expresamente prohíbe dichas obras, y que habilita inclusive las demandas en reparación de los daños ocasionados por la violación de dicho protocolo.
El jurista dijo que tampoco ha visto ninguna acción tendente a reforzar el cierre de la frontera impidiendo el trasiego de indocumentados por parte de las bandas de traficantes de personas, incluyendo el negocio de venta de visas por parte de cónsules inescrupulosos, visas que en su mayoría se otorgan sin requisito alguno en favor de embarazadas que tienen copados nuestros hospitales.