El Colegio de Abogado de la República Dominicana depositó en la Procuraduría General de la República una querella penal en contra del presidente de la Suprema Corte de Justicia y presidente del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina, acusado de ser autor intelectual y material del crimen de prevaricación, usurpación de funciones, denegación de justicia, abuso de poder y coalición de funcionarios, infracciones sancionadas por los artículos 114, 123, 124, 125, 126, 127 y 185 del Código Penal.
La querella fue depositada por el presidente del gremio que agrupa los abogados, Miguel Surun Hernández, en compañía de una comisión de juristas.
Surun Hernández, denunció que Luis Henry Molina en su condición de presidente del Consejo del Poder Judicial, mediante resoluciones ha pretendido modificar el procedimiento de enjuiciamiento dominicano, usurpando funciones del Congreso Nacional, manteniendo la justicia en virtual cierre, privando a todos los dominicanos de acceso a la Justicia, derecho contemplado en la Constitución de la República.
El CARD valoró la aprobación en segunda lectura de la Ley de regirá al gremio, destacando que con la misma se fortalece el sistema jurídico nacional.
Miguel Surun Hernández, presidente del gremio, informó que dicha pieza es fundamental ya que actualiza el marco normativo del gremio con el interés de que se cumplan las normas específicas de organización y funcionamiento, en beneficio de sus afiliados. “A partir de hoy tenemos Escuela Nacional del Abogado organizada, Instituto de Asistencia del Abogado, auditorias obligatorias, reglas para mayor transparencia y fortaleza, hemos triunfado ante mal, tenemos por fin una legislación que garantiza nuestros derechos”, expresó Surun Hernández.
El CARD, la Cooperativa Nacional de Abogados y la Cooperativa de Ahorros y Créditos de Herrera (COOPHERRERA) firmaron un acuerdo a través del cual serán financiados diplomados, cursos y maestrías para los miembros del gremio.
El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) anunció, además, una jornada de protestas en contra de los juicios virtuales
Los reclamos de que se abran presencialmente los tribunales y vuelvan a la normalidad las actividades del Poder Judicial continúan. Este martes el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), interpuso ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de inconstitucionalidad en contra del cierre de los Palacios de Justica del país y en contra de los juicios virtuales.
Hacemos un llamado a todos los sectores de la sociedad a motorizar una transformación profunda de nuestro sistema de Justicia que se encuentra sumido en una profunda crisis de confianza y legitimidad, por no haber correspondido los anhelos de justicia real que espera la sociedad dominicana.
La querella fue interpuesta por el presidente del Gremio ante múltiples denuncias
El Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados de la República Dominicana dictó dos años de suspensión o inhabilitación laboral del ejercicio de la abogacía al jurista Jhonny Portorreal Reyes, acusado de estafa y de violar varios artículos del Código de Ética del Abogado.
El tribunal determinó que Portorreal violó los artículos 1,2,3,4,14,22,74,75,76 y 77 del Código de Ética del Profesional del Derecho, razón por la cual fue declarado culpable y sancionado.
La decisión fue adoptada por los jueces Domingo Depratz Jiménez, presidente del Tribunal Disciplinario, Abraham Ortiz Cotez, juez primer sustituto y el magistrado Neufris Pérez Volquez; en presencia de Belkis Altagracia Rodríguez, secretaria.
El proceso fue conocido luego de que el tribunal declaró como buenas y validas numerosas querellas en contra del Jurista interpuestas ante la Fiscalía del Colegio de Abogados por parte del Consejo Directivo del CARD, encabezado por Miguel Surun Hernández, presidente del gremio, en respuesta a múltiples denuncias públicas y privadas de los afectados.
El proceso fue investigado por los miembros de la Fiscalía Nacional del CARD, integrada por Mayobanex Martínez, fiscal nacional; Isidra Hernández Mariano, Pascual Romero Sánchez, Genaro Heredia Romero y Efrain Heredia Romero.
Según las indagatorias el jurista Jhonny Portorreal se dedicaba a solicitar diferentes sumas de dinero a las familias de apellido Rosario, para ser incluidos en la presunta herencia de la familia Rosario, sin existir prueba alguna de la existencia de la misma, lo que se constituye en una estafa.
Portorreal continuaba en esa práctica a pesar de que el Ministerio de Energía y Minas ha dicho que no hay tales derechos, y que tampoco existe documentación ni pruebas de la propiedad de esas tierras. También el Banco de Reservas informó que no existen recursos de la herencia de la familia Rosario en esa entidad bancaria, tal y como lo anunciaba el jurista sancionado.
El dictamen fue notificado a las partes envueltas en el proceso; así como a la Suprema Corte de Justicia, la Procuraduría General de la República, a la fiscalía del CARD y otras instancias, en cumplimiento los artículos 86 y 87 del Estatuto Orgánico del CARD.