El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), denunció que el Estado dominicano ha dejado de recaudar más de 196 mil millones de pesos, por el cierre forzoso de los tribunales.
El presidente del CARD, Miguel Surun Hernández afirmó que si a esa pérdida de recursos le suman las pérdidas generadas por el caos de la justicia en el sector privado, es una cifra exorbitante, que comienza afectar la estabilidad macroeconómica del país.
“No descarto que con el bloqueo que Luis Henry Molina ha puesto en los tribunales que es palpable, la parálisis de la administración de justicia sea intencional con el ánimo de afectar la estabilidad política de la nacional” dijo Surun Hernández.
El gremialista reiteró el llamado al Congreso Nacional, al Tribunal Constitucional y al Consejo Nacional de la Magistratura para que actúen antes de que sea tarde y el sistema de justicia sea destruido en su totalidad por los intereses políticos de Luis Henry Molina, que según dijo está amenazando la estabilidad macroeconómica de la República Dominicana.
El miembro del Consejo del Poder Judicial, Leonardo Recio Tineo interpuso ante la Procuraduría General de la República(PGR) una denuncia contra el presidente de la Suprema Corte de Justicia(SCJ), Luis Henry Molina.
Recio Tineo acusa a Luis Henry Molina de prevaricación, coalición de funcionarios, abuso de poder y desfalco en perjuicio del poder judicial, lo que constituyen numerosos actos de corrupción. La denuncia cuenta con el respaldo del Colegio de Abogados y de Pablo Miguel Peña, registrador de Títulos.
Asimismo, lo acusa de haber destruido todos los mecanismos de fiscalización de recursos públicos existentes, para beneficiar a sus allegados, destruir el sistema de auditoría interna y de haber contratado personas con salarios superiores a los que devengan los jueces de la Suprema Corte de Justicia.
La acusación establece además que Luis Henry Molina privilegió a personas relacionadas del Ministerio de la Presidencia y del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, institución que presidió en el pasado gobierno.
La instancia elevada ante la PGR responsabiliza al presidente de la Suprema Corte de Justicia de violar la Ley de Carrera Judicial con el despido y desvinculación masivos de servidores judiciales para incluir allegados con salarios exorbitantes.
Leonardo Recio Tineo, quien se hizo acompañar del presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surun Hernández y otros directivos del gremio, solicitó a la Procuraduría iniciar las investigaciones pertinentes a los fines de confirmar la ocurrencia de graves irregularidades que envuelven cuantiosas sumas de dinero.
La instancia establece que de manera extraña Luis Henry Molina realizó licitaciones y contrataciones con nuevas empresas, dejando de lado a otras que por años ofertaron servicios al poder judicial.
Dentro de las imputaciones al presidente de la Suprema Corte de Justicia está haber desviado y transferido de manera irregular, los fondos de pensiones de servidores judiciales y de haber manejado cientos de millones de pesos al margen de la Constitución y el reglamento de control interno aprobado por el Consejo del Poder Judicial. El miembro del Poder Judicial, Leonardo Recio Tineo y del CARD, Miguel Surun Hernández, piden a la Procuraduría General de la República determinar las responsabilidades del presidente de la Suprema y de aquellos funcionarios del poder judicial y de la jurisdicción inmobiliaria que han incurrido en manejo fraudulento de los recursos del Sistema del Poder Judicial.
Miguel Surun Hernández afirmó que esta instancia confirma las denuncia que ha venido haciendo desde hace mucho tiempo sobre los supuestos manejos turbios por parte del presidente de la Suprema Corte de Justicia.
“Esto confirma la necesidad de que el Consejo Nacional de la Magistratura y el Congreso Nacional tomen carta en el asunto suspendiendo al actual presidente de la Suprema, Luis Henry Molina e iniciando el proceso de su destitución”, afirmó Surun Hernández.
Dijo que esa medida por faltas graves debe hacerse sin perjuicio del correspondiente sometimiento a la justicia por la responsabilidad penal que generan los actos fraudulentos.
Con su decisión, el tribunal acogió un recurso del Colegio de Abogados
Los jueces de la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) ordenaron la apertura de todos los tribunales a nivel nacional, acogiendo de ese modo un recurso de amparo interpuesto por el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el pasado 8 de julio.
El tribunal presidido por Román Hiciano Berroa e integrado por las juezas Mary Collado, Úrsula Carrasco García Valdez y Lassunsky García, como secretaria, declaró regular y válida en cuanto al fondo y la forma, el recurso de amparo interpuesto por el presidente del CARD, Miguel Surún Hernández, en contra el Consejo del Poder Judicial.
https://www.diariolibre.com/actualidad/justicia/tribunal-superior-administrativo-ordena-apertura-de-los-tribunales-MK21819858
El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Miguel Surun Hernández, solicitó al Congreso Nacional que inicie un juicio político contra Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial (PJ).
“Solicitamos al presidente del Senado, Eduardo Estrella, y al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que inicie el juicio político contra Luis Henry Molina por faltas graves en el ejercicio de sus funciones”, dijo Surun Hernández mientras era apoyado por decenas de abogados en las afueras del Congreso Nacional.
El dirigente del CARD lamentó que en el día de la Justicia, la cual describió de luto, el presidente de la SCJ “se haya escapado con un discurso repleto de falsedades”, asegurando que omitió desvinculaciones generalizadas de servidores judiciales y abusos que, según Surun Hernández, están recibiendo jueces, registradores de títulos y servidores judiciales en su conjunto.
Durante la audiencia solemne realizada con motivo del día del Poder Judicial, el presidente de la Suprema Corte de Justicia manifestó que "el tribunal ha despachado más casos de los que recibe”, ingresando a tramitación un total de 8,304 nuevos recursos y emitiendo fallos en 11,637 casos.
Asimismo, Luis Henry Molina expresó este jueves que el Poder Judicial no recibió recursos adicionales por parte del Poder Ejecutivo durante el periodo de virtualidad al que fue sometido por el brote de coronavirus (Covid-19) en el país.No obstante, Miguel Surun Hernández acusó al presidente de la SCJ del desvío de 760 millones de pesos de la jurisdicción inmobiliaria con la fabricación y falsificación de una deuda del Poder Judicial, así como también el desvío de más de 1056 millones de pesos en favor de la AFI-BHD y AFI-Universal.
De su lado, el magistrado Molina Peña puntualizó sobre el registro inmobiliario que “el país se encamina a lograr un sistema de registro inmobiliario a la altura de las demandas internacionales y locales”.Surun Hernández le atribuyó a Molina violar flagrantemente la tutela judicial efectiva en el “estado de desacato” en que se encuentra la justicia.
“¿Qué logro puede presentar cuando el ciudadano de a pies no tiene una sentencia que haya trabajosamente obtenido?”, agregó Surun.
El representante del Colegio denunció además que Molina entregó la administración de justicia a una empresa privada española, la cual tiene acceso a las solicitudes de los ciudadanos y que, además, determina quién será el juez apoderado y cuándo.
De igual forma, Surun manifestó que se está politizando el sistema judicial con la inclusión de activistas políticos quienes reciben más dinero que, incluso, un juez titular de la Suprema Corte.
Además, aseguró tener elementos probatorios contundentes y que comprometen la responsabilidad penal en los supuestos actos de corrupción que menciona el presidente del Colegio de Abogados.
En octubre de 2020, el CARD depositó en la Procuraduría una querella contra Luis Henry Molina, a quien acusan de ser “autor intelectual y material del crimen de prevaricación, usurpación de funciones, denegación de justicia, abuso de poder y coalición de funcionarios, infracciones sancionadas por los artículos 114, 123, 124, 125, 126, 127 y 185 del Código Penal”.
El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) depositó en la secretaria del Consejo Nacional de la Magistratura, las pruebas de las acusaciones por presuntas faltas graves en contra del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina.
Una comisión encabezada por el presidente del CARD, Miguel Surun Hernández, depositó la instancia con los elementos probatorios que certifican las irregularidades en las que supuestamente incurre el presidente del alto organismo judicial.
Surun Hernández manifestó que es propicio el momento en que se reúne el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para solicitar a ese organismo proceder a la destitución inmediata de Molina por faltas graves en el desempeño de sus funciones.
“En dicho pliego acusatorio se solicita al CMN la destitución inmediata de Molina, acogiéndose del artículo 181 de la Constitución, por las faltas graves que ha cometido al mantener los tribunales cerrados durante los meses que lleva la pandemia de coronavirus”, dijo el presidente del CARD.
Surun Hernández dijo que además del desacato en que se encuentra el representante del Poder Judicial, por no cumplir la sentencia del Tribunal Superior Administrativo, existe una “escandalosa actuación que envuelve 6 mil millones de pesos, que fueron manejados a discrecionalidad mediante acta del Consejo”.
El Colegio de Abogado de la República Dominicana depositó en la Procuraduría General de la República una querella penal en contra del presidente de la Suprema Corte de Justicia y presidente del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina, acusado de ser autor intelectual y material del crimen de prevaricación, usurpación de funciones, denegación de justicia, abuso de poder y coalición de funcionarios, infracciones sancionadas por los artículos 114, 123, 124, 125, 126, 127 y 185 del Código Penal.
La querella fue depositada por el presidente del gremio que agrupa los abogados, Miguel Surun Hernández, en compañía de una comisión de juristas.
Surun Hernández, denunció que Luis Henry Molina en su condición de presidente del Consejo del Poder Judicial, mediante resoluciones ha pretendido modificar el procedimiento de enjuiciamiento dominicano, usurpando funciones del Congreso Nacional, manteniendo la justicia en virtual cierre, privando a todos los dominicanos de acceso a la Justicia, derecho contemplado en la Constitución de la República.