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Consideran la iniciativa viola el Debido Proceso y Tutela Judicial.

Santo Domingo, República Dominicana.- El  Frente de abogados de Partido Revolucionario Moderno (PRM),  rechazó el proyecto de Ley de Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial, depositado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luís Henry Molina, en la Cámara de Diputados.

Los juristas entienden que la legislación contiene aspectos que vulneran el Debido Proceso y la Tutela Judicial, al consagrar la instauración de una Justicia Virtual, declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional (TC).

Aseguran que un sistema de Justicia Virtual, además de atentar contra los principios de inmediación, concentración y contradicción, conculca y limita la Tutela Judicial efectiva, en función de disponibilidad y dominio de recursos tecnológicos, porque “el acceso a la justicia es una garantía no solo para los abogados, sino para todos los ciudadanos, sean o no letrados, tengan o no acceso a internet”.

Los profesionales del derecho indicaron que es imposible impartir justicia por medio de la virtualidad, al señalar que hay abogados sin acceso a internet o computadoras, lo que se suma a los problemas de energía eléctrica que presentan algunos tribunales.

Belgia Soler, presidenta del frente, consideró que la pieza legislativa entra en contradicción con la sentencia TC 0286-21, de fecha 14 de septiembre del 2021, que declaró inconstitucionales los procedimientos virtuales, y contiene una delegación de poderes del Congreso Nacional en favor del Presidente de la Suprema Corte de Justicia, al autorizarle a modificar los códigos de procedimientos civiles penales, laborales y de tierra, por la vía reglamentaria, al afirmar que no están establecidos en la Carta Magna.

Soler indicó que no se oponen al modernismo en el área de la justicia, pero “no están dadas las condiciones para aprobar una ley de virtualidad de los procesos en justicia”.

“Es un grosero despropósito institucional que pretende legitimar el desacato del Consejo del Poder Judicial contra una sentencia emanada del máximo órgano constitucional de la República Dominicana”, enfatizó el frente de abogados.