Asegura la pieza busca entregar a la Presidencia de la República el control de registros de títulos, mensuras catástrateles, INACIF, cárceles, notarios y abogados
Santo Domingo, República Dominicana. El Colegio de Abogados de la Republica Dominicana (CARD) calificó el proyecto que busca crear el Ministerio de Justicia como una estocada a la independencia de ese poder del Estado.
En ese sentido, el presidente del CARD, Miguel Surun Hernández, denunció que con esa propuesta se busca entregar a la Presidencia de la República el control de registros de títulos, mensuras catástrateles, INACIF, cárceles, notarios y abogados.
El jurista alertó, además, de que la propuesta de creación del Ministerio de Justicia propiciaría la legitimación de contratos, cuotas y litis por el orden de los 50 mil millones otorgados de grado a grado en favor de abogados relacionados a funcionarios palaciegos, sin límite o fiscalización de profesionales del derecho en perjuicio del Estado Dominicano.
“Con esta iniciativa se pretende aniquilar la independencia del Poder Judicial y de la Procuraduría, con la creación de un aparato burocrático sombra del Poder Ejecutivo, con intervención directa en la administración de justicia” afirmó el gremialista.
De igual forma, sostuvo que ese control incluiría, además, la entrega del INACIF, cárceles y fiscalías titulares en todo el país al presidente de turno.
Miguel Surun Hernández indicó que de crearse como está concebido, el Ministerio de Justicia pondría en grave riesgo la seguridad jurídica inmobiliaria de República Dominicana, al entregar al Poder Ejecutivo el nombramiento de políticos al frente del Registro de Títulos de Propiedad Inmobiliaria y de la Dirección de Mensuras Catástrales.
“De crearse este Ministerio de Justicia como está planteado destruiría la fiabilidad de los Títulos de Propiedad, de los deslindes y de las certificaciones de cargas y gravámenes, cuya expedición dependerá de un político, que perfectamente podría emular la fatídica experiencia de pasaportes”, dijo el presidente del CARD.
El gremialista consideró que no se puede permitir que en el país se agote el papel de seguridad de los Títulos de Propiedad, por emitirlos sin control en función de simpatía política, lo cual sería fatal para el clima de inversión en el país.
Precisó que una situación similar podría ocurrir en el INACIF, donde el director será un político nombrado por el presidente de la República, pese a ser la persona encargada de determinar cuándo una sustancia ocupada es o no es droga, la legitimidad de un documento, si la causa de muerte de una persona es homicidio y si hay lesiones y su gravedad.
El presidente del Colegio de Abogados puso en duda que un político pueda emitir dictámenes en un sentido o en otro, dependiendo de su interés partidario o económico, contrario a lo que sucede en la actualidad donde el director de INACIF es nombrado por el Consejo del Ministerio Público. Surun Hernández manifestó que el sistema carcelario también estaría en manos de un político nombrado por el presidente de la República, que tendría a su cargo el negocio de las certificaciones de buena conducta y de las comidas a los presos, pese a la fatídica experiencia en el desayuno escolar.
Atentado a los Colegios de Abogados y de Notarios.
El presidente del CARD precisó que el proyecto de Ley del Ministerio de Justicia en su artículo 29, entrega al presidente de la República el control del ejercicio de la abogacía, de los notarios, los alguaciles y de los intérpretes judiciales en un grave atentado a la autonomía e independencia del Colegio de Abogados y del Colegio de Notarios, a quienes despoja de sus atribuciones legales, atentando contra el libre ejercicio de esas profesiones.
Dijo que no descarta que esas profesiones solo podrán ejercerlas quienes no sean contrarios a los intereses del presidente de la República de turno.
Advierte que el país puede ser sancionado por permitir empresas beneficiarias del crimen de tráfico de migrantes ilegales.
Santo Domingo, República Dominicana. El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) denunció que existe la complicidad de las autoridades civiles, militares y el empresariado en la sustitución masiva de mano de obra local por obreros haitianos indocumentados en los sectores agrícolas y de la construcción.
El presidente del gremio, Miguel Surun Hernández, indicó que esa complicidad se constituye en una actividad criminal de tráfico ilegal de migrantes, sancionado hasta con 20 años de cárcel por la propia Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
“Con todo esto solo se busca favorecer a empresarios que emplean hasta el 80% de mano de obra indocumentada, bajo la pasiva complicidad de las autoridades de la Dirección General de Migración, del Ministerio de Trabajo y del propio Departamento de Trabajo “afirmó Surun Hernández.
El jurista recordó que el artículo 135 de la Ley 16-92; y los artículos 135, 144, 423, 424, 433 y 434 del Código de Trabajo, así como los artículos 69, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 y 121 de la Ley 285-04, de Migración, prohíben y sancionan no solo la contratación de extranjeros indocumentados, sino que castiga con penas de cárcel el beneficiarse del crimen de tráfico de personas.
Citó el caso de las empresas agrícolas y de la construcción que ejercen esa práctica en perjuicio de la mano de obra local, bajo la sombrilla de las autoridades civiles y militares en beneficio de los empresarios, lo cual podría generar que los países sean sancionados.
“Hemos emplazado legalmente al Ministerio de Trabajo y a la Dirección General de Migración para que sometan a los empleadores, empresas de los sectores de la construcción, agrícola, turístico, zona franca y todas aquellas entidades y personas físicas y jurídicas, beneficiarias finales del crimen del tráfico ilícito de personas, disponiendo la ampliación del programa de deportación de todos los extranjeros residentes ilegales en nuestros país, bajo la advertencia de que se procederá a su formal sometimiento a la Justicia en amparo de cumplimiento contemplado en la Ley 137-11” dijo el gremialista.
Surun Hernández alertó sobre la intención del Gobierno de continuar con el malogrado proyecto de Ley de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes.
El presidente del CARD también consideró como catastrófico que las autoridades pretendan someter nueva vez el proyecto de Ley de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, tomando en cuenta que existe la Ley 137-03, sobre el particular.
Indicó que, además, hay una sociedad que rechaza cualquier tentativa de destrucción de la identidad nacional.
Alertó que se busca la legalización y regulación generalizada de los más de dos millones de indocumentados haitianos que hay en el país, cuyo costo de soporte y manteamiento se quiere cargar a los dominicanos, mediante un impuesto disfrazado de contribución, por lo que advirtió que el Colegio de Abogados enfrentará dicho despropósito.
Santo Domingo, República Dominicana. - El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) dio inicio al curso taller Derecho Procesal Electoral y Procedimientos Administrativos ante las Juntas Electorales.
La jornada formativa, impartida a través de la Escuela Nacional de Abogados (ENA), se realizará durante tres domingos en el Politécnico Madre Rafaela Ybarra (POMARAY), en Las Caobas, Santo Domingo Oeste, de 9 de la mañana a 12 del mediodía.
La capacitación se realiza de forma presencial y es impartido por Pedro Reyes Calderón y coordinado por Eusebia Hernández.
Con esta iniciativa, el CARD busca capacitar a los juristas de cara al proceso electoral del 2024, para que puedan realizar cualquier procedimiento.
Magistrada Cleopatra González imparte charla sobre Ética Judicial a nuevos colegiados
Santo Domingo, República Dominicana. - El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) continúa ampliando su matrícula con la juramentación este viernes de 282 nuevos agremiados, en un acto encabezado por su presidente, Miguel Surun Hernández.
Surun Hernández instó a los juristas a poner en alto su profesión, siempre en defensa de las mejores causas.
A los juramentados se les entregó certificados que los acreditan formalmente como miembros del CARD.
Además, recibieron una charla sobre Ética Judicial, a cargo de la jueza de la Corte de Trabajo, Cleopatra González, como una forma de instruirlos sobre el protocolo del sistema previo a ejercer.
En el acto estuvieron presentes Lucía Florentino, secretaria de Organización; Julio Ángel Ledesma, secretario de Equidad; Babado Torres, secretario de Asuntos Sociales, entre otros miembros de la directiva.
CARD convoca una concentración en el Congreso Nacional el 27 de febrero en reclamo de seguro subsidiado para juristas
Santo Domingo, República Dominicana. El Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD) celebró con diversos actos el “Día Internacional del Abogado”, instaurado en República Dominicana, mediante el decreto 60-86 del 24 de enero de 1986.
El presidente del gremio, Miguel Surun Hernández, afirmó que este día encuentra a la mayoría de juristas de la República Dominicana desamparados, desempleados, otros laborando en condiciones deplorables con bajos salarios, precariedades de insumos, deficiencias en infraestructuras físicas, limitado acceso a la educación, de oportunidades de crecimiento, carencia de seguro médico subsidiado y otros.
“Calificó como insólito que el Consejo Nacional de la Seguridad Social del país, después de 20 años de la implementación y aprobación de la Ley 87-01, todavía se niega a poner en vigencia el seguro contributivo y subsidiado en favor de los profesionales del Derecho que laboran de forma independiente”, denunció el gremialista.
Por tal razón, Surun Hernández convocó a una concentración frente al Congreso Nacional el próximo 27 de febrero, para reiterar su reclamo de que se cumpla la Ley 87-01 y que se adopten medidas para mejorar las condiciones de los juristas del país.
Manifestó que el Card se suma a otras entidades que a una sola voz reclamarán que se ponga un alto a lo que calificó como una la mafia de la Seguridad Social.
El gremialista advirtió que las autoridades del Colegio de Abogados no detendrán su lucha en favor de los miembros del gremio.
Actividades por Día Internacional del Abogado
Las actividades por la celebración del Día Internacional del Abogado incluyeron la entrega de una Ofrenda Floral, una conferencia “La Pirámide Invertida vs la Prueba Adversa”, impartida por el jurista Pedro Duarte Canaán y entrega de certificados de diplomados impartidos por el gremio a través de la Escuela Nacional del Abogado (ENA).
En los actos también estuvieron presentes Lucía Florentino, secretaria de organización del Card; Cesario González, secretario de Educación; Julio Ángel Ledesma, secretario de Equidad y el diputado Pedro Botello, entre otras personalidades.
Santo Domingo, República Dominicana. - El presidente del Colegio de Abogados y de la Fundación Primero Justicia, Miguel Surun Hernández, interpuso ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) un sometimiento por negación de información pública respecto a operaciones de deuda, gastos e inversión realizadas por los 27 Fideicomisos Públicos.
Dentro de las instituciones incluidas en el recurso interpuesto figuran el Ministerio Administrativo de la Presidencia, el Ministerio de la Presidencia, el Banco y la Fiduciaria Banreservas.
Miguel Surun Hernández informó que esas entidades y sus incumbentes violaron la Ley 200-04, sobre Libre Acceso a la Información Pública al rehusarse a entregar información financiera respecto a inversiones, préstamos, deudas y obras relativas a los Fideicomisos Públicos, creados por el Gobierno Central.
“Haciendo uso de nuestro derecho fundamental de acceso a la información pública, en fecha 20 de diciembre de 2022, hemos realizado varias solicitudes de acceso a la información pública, dirigido a las instituciones públicas que están relacionadas, así como también a la Fiduciaria Banreservas, centrándose en la verificación de legalidad y transparencia en el manejo del patrimonio público, requiriendo, la cuales fueron negadas”, indicó Surun Hernández.
Sostuvo que entre las informaciones requeridas figuran: emitir certificación donde se haga constar la relación completa de los Fideicomisos Públicos y/o Privados creados por el Gobierno Dominicano desde el 2018 a la fecha, incluyendo aquellos fideicomisos donde el Estado Dominicano tiene participación, así como la normativa jurídica, ley o decreto en virtud del cual fue creado, incluyendo el nombre de los encargados de manejarlos, así como los componentes o miembros del comité técnico con indicación de sus respectivas funciones.
De igual forma sostuvo que requirieron emitir certificación donde se haga constar el monto erogado o desembolsado por cada uno de los Fideicomisos Públicos constituidos por el Estado Dominicano por entidades públicas, en virtud de decretos, leyes y/o donde el estado dominicano tenga participación, haciendo constar los montos erogados, desembolsados, pagados con cargo a cada uno de los citados fideicomisos, haciendo constar la fuente y el destino de dichos recursos y/o inversiones realizadas hasta la fecha.
Dijo, además, que, fue solicitada una certificación donde se haga constar las obras, inversiones, servicios y productos adquiridos, obras iniciadas, servicios recibidos con cargo a los citados fideicomisos propiedad del Estado Dominicano, de las entidades estatales y/o donde el Estado tenga algún tipo de participación.
Miguel Surun Hernández manifestó que es muy preocupante que entidades públicas se resistan revelar información pertinente a los fideicomisos públicos, los cuales envuelven patrimonio público, y que por vía de consecuencia atañen a los intereses de la nación.
“Podríamos estar en presencia de un endeudamiento paralelo y clandestino, fuera del registro y de la fiscalización ciudadana” apuntó el gremialista.
Advirtió que el CARD, Primero Justicia y él como ente social no se quedaran de brazos cruzados cuando se trate de defender al pueblo dominicano.