Abogados protestan frente al Congreso por reducción de recursos de Justicia en Presupuesto 2024
Advierten Tribunales operan precariamente sin personal, ni recursos suficientes para administrar justicia
SANTO DOMINGO, República Dominicana. - Miembros del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) protestaron frente al Congreso Nacional en rechazo de la reducción de los recursos asignados para el Poder Judicial contemplados en el Proyecto de Presupuesto Nacional para el 2024, que ha sido de RD$8,623,324.578 para el Poder Judicial y RD$9,648,535,941 para la Procuraduría General de la República, lo cual es violatorio a la Ley 194-04, que establece la asignación de 4.10% del Presupuesto Nacional para el sector justicia.
La manifestación estuvo encabezada por el presidente del gremio, Miguel Surun Hernández, quien dijo que de mantenerse dicha asignación igual sería un grave atentado a la administración de justicia en la República Dominicana, que se encuentra en una grave crisis por la ausencia de jueces, fiscales y personal suficiente para responder a la demanda de servicios de la ciudadanía, generando un retardo fatal en las decisiones judiciales qué se refleja en una alta tasa de mora judicial, procesos penales interminables.
Surun Hernández recordó que actualmente hay más de 17,000 presos preventivos con sus prisiones vencidas, convirtiendo nuestras cárceles en cementerios de hombres vivos.
Los juristas calificaron como grave y preocupante que en la actualidad una simple solicitud de revisión de medida coerción puede tardar de 4 a 6 meses, en procesos que se extienden por años y que luego de dictada una sentencia penal, su motivación puede extenderse hasta por 5 meses por falta de secretaria.
Denuncian que peor situación se presenta en la materia civil con procesos con más de 20 años en los tribunales, que en su mayoría funcionan en edificios deteriorados, sin espacios, escasez de equipos y de material gastable, ni condiciones aptas para los abogados, muchos menos para las víctimas y usuarios del sistema, todo gracias a que el Poder Ejecutivo se apropia de más de RD$40 mil millones de pesos que por Ley le corresponden al Poder Judicial y a la Procuraduría General de la República.
El gremialista agregó que “Con los fondos asignados actualmente no se podrán instalar los 94 tribunales que están aprobados por ley y que no han podido ser puestos en funcionamiento por falta de recursos, tampoco podrán ser mejoradas las instalaciones actuales, las condiciones laborales de los jueces, fiscales, funcionarios judiciales, abogados; asimismo limitará la mejora del servicio que está recibiendo la ciudadanía en este momento".
El presidente del Card dijo que dicho desvío de recursos se verifica a pesar de los cuantiosos ingresos contemplados en el Presupuesto Nacional que ascienden a RD$1,572,986,016,693, contemplados préstamos por el orden de los RD$344,980.21 millones, y US$1,500 millones de dólares.
Presupuesto para el sector justicia
El presidente del Card recordó que el artículo 3 de la Ley 194-04, establece que “El Presupuesto del Poder Judicial y del Ministerio Público serán por lo menos un 4.10% de los ingresos internos, incluyendo los ingresos adicionales y los recargos establecidos en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos y que deben de ser distribuidos de la siguiente manera: Un 65% del 4.10% corresponderá a la Suprema Corte de Justicia y un 35% a la Procuraduría General de la República.
Presupuesto modifica Código Tributario
Los miembros del CARD también plantearon que el Proyecto de Ley de Presupuesto modifica leyes orgánicas como lo es el Código Tributario que contempla la suspensión de indexación anual para fines de pago de impuesto sobre la renta, con lo cual se afecta de manera considerable a decenas de miles de trabajadores que ganan entre RD$26,000.00 y RD$35,000.00, quienes deberían estar exentos del pago de impuesto sobre la renta, pero por la aplicación del artículo 45 quedará sin efecto el ajuste por inflación previsto en el párrafo I del artículo 296 de la Ley que aprueba el Código Tributario de la República Dominicana núm. 11-92.
CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL ELECTORAL DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA. A CELEBRARSE EL SÁBADO DOS (02) DE DICIEMBRE DEL 2023, PARA ELEGIR LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL Y LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE LA SECCIONALES POR CADA DISTRITO JUDICIAL, PARA EL PERIODO DEL 7 DE ENERO DE 2024 AL 7 DE ENERO DEL 2027.
Colegio de Abogados interpone Acción en Inconstitucionalidad contra Acuerdo que legitimó desvío del Río Masacre suscrito entre RD-Haití en fecha 27 de mayo del 2021
Sugiere llevar al Tribunal Internacional por violación al pacto del 1929 por parte de Haití
Santo Domingo-RD.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra del acuerdo que legitimó el desvío del Río Masacre, por delegaciones de República Dominicana y Haití en fecha 27 de mayo del 2021, en violación a los artículos 9 y 11 de la Constitución y del Protocolo de Revisión del año 1936 del Tratado de Frontera de 1929 y el Tratado de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje de 1929 suscrito con la República de Haití, el cual prohíbe de manera expresa el desvío de cualquier cuenca hidrográfica fronteriza, como pretende el Gobierno de Haití, que se encuentra en la culminación del canal de desvío del Río Masacre o Río Dajabón.
Miguel Surun Hernández, presidente del gremio, indicó que dicho río es una cuenca inalienable del Pueblo Dominicano, con una longitud de 55 kilómetros que nace en la Montaña Pico del Gallo, Loma de Cabrera, Dajabón, luego atraviesa la frontera por 2 kilómetros en territorio haitiano retornando al territorio dominicano y desembocando en la Bahía de Manzanillo, es decir el 83.3% corresponde a la República Dominicana y el 7.7 % a Haití.
El desvío del Río Masacre, tan necesario para cientos de agricultores, contraviene al artículo 11 de la Constitución, que textualmente dice: ”Tratados fronterizos: El uso sostenible y la protección de los ríos fronterizos, el uso de la carretera internacional y la preservación de los bosques fronterizos utilizando puntos geodésicos, se regulan por los principios consagrados en el Protocolo de Revisión del año 1936, en el Tratado de Frontera del 1929 y en el Tratado de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje del 1929 suscrito con la República de Haití”. Pues en dicho acuerdo se privilegió al lado haitiano, denunció el gremialista.
Surun Hernández emplazó al gobierno dominicano a tomar medidas enérgicas contra Haití y deploró que a pesar de haber transcurrido casi tres años del inicio de los trabajos de desvío del Río Masacre, no se han tomado las medidas de sanción y sometimiento al Tribunal Internacional contemplado en el acuerdo fronterizo del 1929, que expresamente prohíbe dichas obras, y que habilita inclusive las demandas en reparación de los daños ocasionados por la violación de dicho protocolo.
El jurista dijo que tampoco ha visto ninguna acción tendente a reforzar el cierre de la frontera impidiendo el trasiego de indocumentados por parte de las bandas de traficantes de personas, incluyendo el negocio de venta de visas por parte de cónsules inescrupulosos, visas que en su mayoría se otorgan sin requisito alguno en favor de embarazadas que tienen copados nuestros hospitales.
Colegio de Abogados denuncia aprestos para manipular proceso de designación de jueces del Tribunal Constitucional mediante modificación de reglamento
Se pretende controlar Tribunal Constitucional para otorgar nacionalidad a haitianos nacidos en RD, legalizar aborto y matrimonio homosexual
Santo Domingo, República Dominicana. - El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), denunció la existencia de un plan macabro tendente a manipular la selección de los Jueces del Tribunal Constitucional, mediante la modificación del reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura, que entre otras cosas aceleraría la escogencia de los integrantes de Altas Cortes, añadiendo una etapa clandestina de exclusión de más del 90% de los aspirantes, en franca violación al artículo 18 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, y a la Constitución.
La denuncia fue hecha por Miguel Surun Hernández, presidente del gremio, quien señaló que la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura y la Constitución dominicana, consagran la obligatoriedad de vista públicas para todos los aspirantes, no para unos cuantos dichoso.
“Con dicha medida se pretende crear un grupo élite de seleccionados, que son los únicos afortunados en ser entrevistados con el propósito de legitimar un determinado perfil de jueces afines a la ideología de género, pro haitiano, y pro empresarial afines con sectores poderosos del gobierno” enfatizó Surun Hernández.
El jurista afirmó que se pretende lograr mediante sentencia del nuevo Tribunal Constitucional la derogación de la Sentencia TC 168/13, para otorgar la nacionalidad dominicana a los hijos de haitianos nacidos en la República Dominicana; además de legalizar el aborto, el matrimonio de personas del mismo sexo y la ideología de género, por decisión del máximo órgano constitucional.
El jurista también reveló que se pretende derogar las jurisprudencias emitidas en favor del derecho a prestaciones labores y pensión de los trabajadores, para favorecer a los empresarios.
“Nos encontramos en presencia de un peligroso atentado institucional contra el más poderoso órgano de justicia de la República Dominicana, que ostenta la facultad de derogar y modificas leyes y hasta la Constitución, que sectores empresariales, políticos, ideológicos e internacionales pretenden coartar mediante la selección clandestina de jueces fanáticos pro haitianos y de las satánicas ideologías de género y el aborto, lo que implicaría la destrucción no solo de la institucionalidad, sino de nuestra nacionalidad”
Surun Hernández indicó que en medio de la crisis de una frontera insegura y militarizada, con un país ahogado en indocumentados haitianos, con los hospitales repletos de parturientas haitianas, y en medio de un proceso electoral, no es razonable, ni prudente, iniciar un proceso ilegal y clandestino de selección de jueces del máximo tribunal del país, por lo que reiteró su oposición a la modificación del reglamento, porque además dicho proceso de selección, debe ser realizado posteriormente a las elecciones del 2024, para que las pasiones políticas, económicas e ideología de genero no afecten y contaminen la legitimidad de dicho proceso.
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Advierte tribunales operan precariamente sin personal, ni recursos suficientes para administrar justicia.
SANTO DOMINGO, República Dominicana. - El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) intimó al Congreso Nacional a rechazar la reducción de los recursos asignados al Poder Judicial, contempladas en el Proyecto de Presupuesto Nacional para el 2024, equivalente a ocho mil millones 623 mil 324 pesos y de nueve mil 648 millones 535 mil 941 pesos para la Procuraduría General de la República, en violación a la Ley 194-04, que consagra el el 4.10% para sector justicia.
Miguel Surun Hernández, presidente del CARD, manifestó que "dicha asignación presupuestaria es un grave atentado a la administración de justicia en la República Dominicana, que se encuentra en crisis por la falta de jueces, de fiscales, de personal administrativo, carencias equipos y material gastable para responder a la demanda de justicia de la ciudadanía.
El presidente del Card denunció que la actual situación ha generado un retardo fatal en las decisiones judiciales plasmada en una alta tasa de mora judicial, procesos penales interminables y más de 17 mil presos preventivos con prisiones vencidas, convirtiendo nuestras cárceles en cementerios de hombres vivos".
Surun Hernández calificó como grave que en la actualidad una simple solicitud de revisión de medida coerción puede tardar de 4 a 6 meses, en procesos que se extienden por años, y que luego de dictada una sentencia penal su motivación puede extenderse hasta por 5 meses por falta de secretaria.
"En la materia civil la situación es aún peor con procesos con más de 20 años en los tribunales, que en su mayoría funcionan en edificios deteriorados, sin espacios, ni condiciones aptas para los abogados, mucho menos para las víctimas y usuarios, todo gracias a que el Poder Ejecutivo se apropia de más de 40 mil millones de pesos que por ley le corresponden al Poder Judicial y a la Procuraduria General de la Republica", señaló el gremialista.
Agregó que “Con esos fondos no se podrán instalar los 94 tribunales que están aprobados por ley y que no han podido ser puestos en funcionamiento por falta de recursos, pero tampoco podrán ser mejoradas las instalaciones actuales, las condiciones laborales de los jueces, fiscales, funcionarios judiciales y abogados; asimismo limitará la mejora del servicio que está recibiendo la ciudadanía en este momento".
El jurista dijo que dicho desvío de recursos se verifica a pesar de los cuantiosos ingresos contemplados en la pieza, que ascienden a un millón de millones 572 mil 896 millones 16 mil seiscientos noventa y tres pesos dominicanos y que contempla préstamos superior a los 344 mil 980 millones de pesos y 1,500 millones de dólares, al tenor del 66 y 68.
Recordó que el artículo 3 de la Ley 194-04, establece que “El Presupuesto del Poder Judicial y del Ministerio Público serán por lo menos un cuatro punto diez por ciento (4.10%) de los ingresos internos, incluyendo los ingresos adicionales y los recargos establecidos en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos que se distribuyen de la manera siguiente: Un sesenta y cinco por ciento (65%) del cuatro punto diez (4.10%) corresponderá a la Suprema Corte de Justicia y un treinta y cinco por ciento (35%) del cuatro punto diez por ciento (4.10%).
Agregó que el proyecto de ley suspende la aplicación de indexación para fines de impuesto sobre la renta.
El gremialista indicó que lo peor es que el Poyecto de Ley de Presupuesto del 2024 modifica leyes orgánicas, como es el Código Tributario que contempla la suspensión de indexación anual para fines de pago de impuesto sobre la renta, con lo cual se afecta de manera considerable a decenas de miles de trabajadores que ganan entre 26 mil y 35 mil pesos y que deberían estar exentos del pago de impuesto sobre la renta.
Colegio de abogados interpone querella contra Hacienda y la DGII por concertar préstamos por 45 mil millones de pesos, que no figuran en Deuda Pública y no fueron aprobados por el Congreso Nacional
Se acusa a José Manuel Vicente (Jochi), ministro de Haceinda y a Luis Valdez Veras, director general de Impuestos Internos, de usurpar funciones del Presidente y del Congreso Nacional
Santo Domingo, República Dominicana. - El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Miguel Surun Hernández, interpuso una querella contra José Manuel Vicente y Luis Valdez Veras, ministro de Hacienda y director general de Impuestos Internos, respectivamente, por la suscripción de dos contratos de préstamos otorgados por bancos a la DGII, ascendentes a RD$45 mil millones de pesos, los cuales no figuran registrados en Deuda Pública, y tampaco fueron aprobados del Congreso Nacional, a pesar de enagenar Rentas Nacionales, y de haber sido concertados por plazos de 15 y 4 años, usurpando las atribuciones del Presidente de la República, único con la facultad de suscribir empréstitos que comprometan rentas nacionales.
Surun Hernández indicó que “Nos encontramos en presencia de hechos graves, donde funcionarios públicos presionaron a 29 bancos comerciales a entregar dicha suma en diciembre del 2020 y en julio del 2023, distribuida en porciones para cada entidad financiera, fijada de manera discrecional por el Ministro de Hacienda, en una operación de préstamo clandestina, pues no fue registrada en la Dirección de Crédito Público como consagra la ley, lo cual evidentemente compromete la responsabilidad de todos los funcionarios actuantes".
Surun Hernández indicó que las leyes orgánicas del Ministerio de Hacienda y de la Dirección General de Impuestos Internos no consagran facultad a José Manuel Vicente, ni a Luis Valdez Veras, para realizar contratos de préstamos, destinándole esta función sólo al Presidente de la República, por lo que ha sido violado el artículo 93.1 de la Constitución.
Asimismo indicó que otro artículo violentado es el 128.4 de la Carta Magna que textualmente dice: “Elaborar contratos, sometiéndolos a la aprobación del Congreso Nacional cuando contengan disposiciones relativas a la afectación de las rentas nacionales, a la enajenación de bienes del Estado, al levantamiento de empréstitos o cuando estipulen exenciones de impuestos en general, de acuerdo con la Constitución. El monto máximo para que dichos contratos y exenciones puedan ser suscritos por el Presidente de la República sin aprobación congresual, será de doscientos salarios mínimos del sector público.”
El presidente del Card explicó que dicho contrato no sólo constituye una operación de préstamo, sino que compromete las rentas nacionales durante los próximos 15 años.
“Estamos en presencia no solo de operaciones de crédito clandestinas, al margen de los registros de los organismos internacionales, sino además de una clara usurpación de funciones, que se configura cuando una persona o funcionario público realiza funciones que corresponden a otro funcionario u otro poder, para hacerse entregar fondos por parte de entidades financieras, atribuyéndose poderes que ni la ley, ni la Constitución les han otorgado, poniendo en grave riesgo la estabilidad del sistema financiero nacional, y el Estado de Derecho, ante una operación de presión practicada desde el Estado para que se le entreguen recursos fraudulentamente, sin el control del Congreso, ni registro en los organismos correspondientes, en violación al artículo 400 del Código Penal, y del artículo 236 de la Constitución",explicó Surun Hernández.
El presidente del Card explicó que artículo 236 de la Carta Magna establece que: ”Ninguna erogación de fondos públicos será válida, si no estuviere autorizada por la ley y ordenada por funcionario competente".
Mientras que el 400 del Código Penal indica que: "Obligar a una persona, a través de la utilización de violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto jurídico o negocio jurídico con ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial o bien del sujeto pasivo y bien normalizado".
Miguel Surun Hernández, presidente del CARD, mediante instancia, solicitó a la Procuraduría General de la República gestionar copia de los expedientes relativos a dichas transacciones y anunció el inicio de acciones legales tendentes a la declaratoria de nulidad por fraude de esas operaciones.